La trata, una violencia invisible en el Siglo XXI

El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. Sin embargo, hoy por hoy, la esclavitud sigue existiendo en el mundo y una de sus formas es la trata de personas con fines de explotación sexual que, además, está catalogada por la Corte Penal Internacional como un delito de lesa humanidad, es decir, como uno de los crímenes más graves de los que se cometen contra las personas ya que atenta contra los derechos humanos más fundamentales.

En España, en 2013, se consiguió identificar a alrededor de 13.000 mujeres y niñas como posibles víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual, a manos de mafias y grupos organizados que mueven un negocio ilícito en torno a los 5 millones de euros al día en nuestro país, de 2.000 millones al año en Europa y de 32.000 millones de dólares al año en el mundo, con un movimiento de dinero solo comparable con el generado por el tráfico de drogas y el tráfico de armas.

En el mundo se calcula que alrededor de 2 millones de personas al año son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, en el 80% de los casos mujeres y niñas, mientras que en el caso de Europa, en torno a 100.000 mujeres entran cada año en la Unión Europea para acabar siendo explotadas sexualmente por redes organizadas.

Nos encontramos, sin duda, ante una de las más graves lacras que atentan contra los derechos humanos a nivel mundial y global que detrás esconde verdaderos dramas, historias de mujeres y niñas que son captadas por mafias y redes organizadas en sus países de origen, en muchas ocasiones a través de falsas promesas de trabajo, o vendidas por sus propias familias, que finalmente se ven esclavizadas, amenazadas, sin documentación, debiendo grandes cantidades de dinero a esas mafias y obligadas a prostituirse para saldar esa deuda.

Conocemos cientos de casos. Casos de mujeres nigerianas, en muchos casos entregadas a los traficantes por sus propias familias que durante un año y medio recorren a pie medio África para llegar a Marruecos y desde allí ser traídas en pateras a España y Europa.

Mujeres que a lo largo de ese infernal recorrido pasan toda clase de penurias llegando incluso a morir de hambre, otras muchas son violadas y quedan embarazadas siendo obligadas a abortar de cualquier manera y en pésimas condiciones, y que se convierten en esclavas de estas redes que les cobran cuentas pendientes por valor de entre 40.000 y 60.000 euros, mucho más desde luego de lo que realmente ha costado el viaje, y que son amenazadas con ser víctimas de rituales de vudú, ya que nada más llegar les han cogido restos de uña o pelo con el fin de, llegado el caso, utilizarlos para este tipo de rituales y que tardan muchos años, en el mejor y más afortunado de los casos,  en pagar esa deuda.

Encontramos mujeres de los países del Este de Europa y de América del Sur, captadas por estas redes con el engaño de ofrecerles un puesto de trabajo como camareras, empleadas de hogar, empleadas de hotel, peluquera, etc., que, al llegar a su destino, son obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas de acabar con su vida o de hacer daño a su familia.

Todas ellas, son mujeres que sufren una múltiple violencia: son retenidas contra su voluntad, son obligadas a ejercer la prostitución, son agredidas físicamente en la mayoría de los casos, maltratadas psicológicamente y tratadas como una mercancía.

En España, en los últimos años se han dado importantes pasos en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual y en la protección de sus víctimas, por medio de la trasposición de la Directiva 2011/36/UE a través de varias medidas legislativas.

Quiero recordar, en este sentido, las medidas incluidas en la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que mejoró en 2011 la protección de las mujeres inmigrantes en situación irregular sometidas a violencia de género y a las víctimas de trata, a través de la reforma de los artículos 31 bis y 59 bis, estableciendo un período de 30 días para reflexión de la víctima para tomar la decisión de colaborar con las autoridades y, sobre todo, a través de la reforma del Código Penal de 2010, en la que se incluyó el artículo 177 bis que recogió de forma específica el delito de trata de personas.

Asimismo, en la actualidad, el Gobierno ha potenciado el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2009-2011, que se ha prorrogado y también ha mejorado la asistencia jurídica a las víctimas, incluyendo a las víctimas de trata con fines de explotación sexual en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, como también se ha incluido a las víctimas de trata con fines de explotación sexual en el Proyecto de Ley de la Víctima del Delito, que está en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Y en el seno del Parlamento, precisamente, dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso que presido, se ha creado la subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que en estos momentos sigue en marcha con la comparecencia de los diversos expertos en el tema y de la que saldrá un informe con propuestas para la puesta en marcha de nuevas medidas que implementen las que ya existen, para acabar con esta lacra global.

Por otro lado, es de justicia destacar la implicación y el compromiso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra esta forma de esclavitud, poniendo en marcha el primer Plan Policial de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, encuadrado en el Plan Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía para 2013-2016 y se ha creado la Brigada Central de Trata.

Fruto de este compromiso y del trabajo día a día, en  2013, Policía Nacional y Guardia Civil desarticularon 96 organizaciones y grupos criminales dedicados a la trata con fines de explotación sexual. Se realizaron 288 atestados policiales, de los que 97 fueron por trata de seres humanos y 191 por explotación sexual, con un total de 753 personas detenidas.

La trata de personas con fines de explotación sexual es un tipo de violencia invisible en la sociedad del siglo XXI. Una sociedad que no puede ni debe permitir que una persona obligue a otra a hacer algo que no desea y mucho menos, a través del engaño, de la coacción y de la violencia.

Mª del Carmen Quintanilla Barba
Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados
Vicepresidenta de la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *