Aún no cumplía 15 años y el cuerpo de Valeria ya había experimentado un aborto inducido por su madre, una violación por parte de un familiar, el nacimiento temprano de un bebé y un trabajo forzado en el que vendía su cuerpo por $9, en la provincia de El Oro. Su vida cambió a finales de 2011, cuando conoció a Kevin, de 19 años, a la salida de su escuela en su natal Naranjal, Guayas. En un par de semanas y con promesas de «mejor vida y amor eterno», el joven logró que ella dejara su casa y se fuera con él.
Pero la luna de miel terminó cuando el padre de Kevin le propuso prostituirse para resolver sus problemas económicos. Le dijo que ahí iba a ganar mucho dinero, como ya lo hacía su hija mayor. Valeria, dice en su versión receptada en 2013 por la Fiscalía de El Oro, aceptó porque quería cubrir las necesidades de su hijo e impedir que Kevin cumpliera dos amenazas: golpearla si no traía dinero y dejarla para ir a robar a Guayaquil.
Su caso se repite a diario en las provincias de la Costa, Sierra y Amazonía, aunque en las estadísticas sea difícil cuantificarlos con exactitud y, la mayoría de veces, se viva en silencio por el miedo a denunciar. O por desconocer que son víctimas de un delito: la trata de personas.
Las Naciones Unidas la define como la acción de captar, transportar o recibir personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, a la coacción, con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, adopciones irregulares.
Según un estudio de 2012, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la trata con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad y servidumbre son las formas más comunes de este delito en Ecuador. La primera se da en ciudades donde se mueve mucho dinero como Guayaquil, Quito o Santo Domingo; las restantes afectan a poblaciones indígenas de la Sierra norte y centro, ubicadas en Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura.
En 2013, la Fiscalía identificó que en el 75% de casos el engaño a las víctimas se dio con la oferta de una buena oportunidad laboral y en un 15% con manipulación sentimental. Esta semana, el Ministerio del Interior, rector de la política nacional contra este delito, alertó de una nueva modalidad: convencer a la persona, por lo general hijos de migrantes, para llevarla al exterior sin costo y luego pedir a los padres rescates de hasta $30.000. Sucedió con Ana, nombre protegido de una ecuatoriana de 21 años que fue rescatada en Guatemala y, tras la denuncia, está amenazada de muerte.
A Ligia, en cambio, el año pasado la abordaron afuera de un centro comercial en Quevedo, Los Ríos, con el afán de ser amigos. Esa amabilidad con la joven de 14 años duró menos de un mes. Un día de agosto el amigo, de forma violenta, la subió en un auto y la amenazó con matar a su familia si no lo obedecía.
Semanas después, con documentos falsos de mayor de edad, fue llevada a Perú, para prostituirla. Fue golpeada y víctima de abuso sexual por su «dueño» y el chofer, que la llevaba de prostíbulo en prostíbulo, hasta que fue rescatada por la policía peruana en un operativo en 2014.
En 2013 la Unidad contra el delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes (UATT) del Ministerio del Interior ubicó a Ecuador como un país de origen, tránsito y destino de la trata. Según las entidades especializadas, las víctimas son llevadas a países como Colombia, Perú, Chile y Argentina, sobre todo para explotación sexual y laboral. A su vez, a Ecuador llegan de Colombia y Cuba, para ejercer la prostitución, por ejemplo.
La trata es considerada a nivel mundial como la esclavitud del siglo XXI. Los grilletes y cadenas son reemplazados por engaños para que alguien realice una actividad en provecho de otro. En Ecuador existen unas 6.000 víctimas al año, según cifras de la Defensoría del Pueblo del 2010 y de la fundación Alas de Colibrí, que asiste a mujeres afectadas por la trata y estima que por cada víctima identificada, hay una oculta.
Entre enero de 2012 y agosto de 2014, la Fiscalía General del Estado conoció, a nivel nacional, 371 casos por el delito de trata: 367 pasaron a indagación previa, 39 a instrucción fiscal, 33 tuvieron dictámenes acusatorios y solo 20 recibieron sentencia condenatoria.
La fiscal de la Unidad Contra la Delincuencia Organizada, Thania Moreno, considera que este delito es difícil de investigar. No solo porque está manejado por el crimen organizado, sino porque intervienen patrones culturales de machismo y criterios de normalización de situaciones, como el trabajo a menores o la prostitución de mujeres de parte de la víctima, su familia e incluso ciertos operadores de justicia. De ellos, dice, ha escuchado en los juicios criterios como: «No va a mandar preso a alguien por dar trabajo a un menor» o «si una mujer está trabajando en la prostitución es porque quiere».
En su informe 2013, la UATT refiere que la explotación al interior del país se da en gran número en doce provincias, con mayor incidencia en Pichincha, Guayas, Esmeraldas. De las 371 denuncias recibidas por la Fiscalía, el 30,7% fueron receptadas en Pichincha, el 11,3%, en Guayas; y el 10,5%, en El Oro. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por su parte, ha identificado cantones con mayor incidencia de rutas críticas de trata en Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Chimborazo e Imbabura.
De esta última salió hace dos años un menor indígena otavaleño de 13 años. Fue entregado por sus padres a unas personas que ofrecían enviarles dinero desde Chile por su trabajo, y se supo por la prensa de ese país que allá vendía artesanías y vivía en precarias condiciones.
Ramiro Ortega, jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, sostiene que en casos como estos las víctimas o sus familiares no colaboran con la investigación por no perder esa ganancia, aunque sea ínfima. De hecho, denuncian la desaparición (no la trata) cuando los implicados les dejan de enviar el dinero.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la trata independiente de otros delitos que se hayan cometido en su ejecución y fija penas (arts. 91 y 92) de entre 13 y 26 años.
Margarita Carranco, encargada de la mesa contra la Trata y Tráfico de Personas en el Municipio de Quito, reconoce avances en el tema en el COIP, pero considera necesario discutir la sanción para quien utiliza los servicios sexuales de personas en condiciones de trata. Considera que la política pública aún no está bien estructurada y que pese a los esfuerzos por especializar a policías, fiscales y jueces, aún falta conocimiento.
La OIM presentó en diciembre pasado el Protocolo Nacional Unificado para la Protección y Asistencia Integral a Personas Víctimas de Trata de Personas, elaborado en coordinación con la UATT, para garantizar que los afectados sean protegidos y sus derechos restituidos. La idea es que quede establecido en el país mediante acuerdo ministerial.
«Uno valora más la niñez, la vida o la libertad cuando la pierde en manos de un ser humano que uno piensa que jamás le hará daño, que nos cuidará, que nos amará«. Valeria. 15 años, víctima.
«La gente cree que tras la prostitución hay solo diversión y licor. Muy pocos se detienen a pensar que esa mujer puede estar siendo obligada con amenazas a utilizar su cuerpo«. Josselyn. 21 años, víctima.
«Luego del maltrato que viví, no creo en la gente ni de mi familia y peor en los extraños que se acercan a ofrecer maravillas. Fue un descuido y todo cambió en mi vida«. Ligia. 14 años, víctima.
Fuente: El Universo