Por Charo Izquierdo
El domingo a última hora de la noche supe que habían muerto asesinados el dueño de un club de alterne de Medina del Campo y una de sus camareras, una chica rumana. Me impresionó especialmente porque esa misma tarde yo había pasado cerca de allí, viniendo del norte de España. Desde las carreteras, por la noche, es impresionante ver la cantidad de neones de colores que anuncian clubes a los que el común de los mortales nunca ha entrado. Y, sin embargo, si están es porque alguien entra. Y, si entran, es porque hay chicas, que, según los datos que ofrece la propia policía, en un 80% de los casos, como poco, son víctimas de la trata… Aún no hay datos de la mujer rumana asesinada, pero precisamente de Rumanía llegan y han llegado desde hace años chicas que venían para, teóricamente, casarse, para limpiar o para servir copas, no para ejercer la prostitución.
Habrá que esperar las investigaciones policiales; no voy a especular. Pero habría que estar recordando desde todos los medios de comunicación que los asesinatos se han producido no en un restaurante, no en un bar, no en una tienda…, sino en un club de alterne en el que una de las muertas era rumana.
Y me gustaría especificar aquí que esto de la trata no es un problema que tenga un solo actor o dos actores, el tratante y la tratada, dejando además muy claro que muchas de esas tratadas son menores de edad. Según la ONG Save the Children, hay diferentes actores en la explotación de personas para fines sexuales. En primer lugar, los proxenetas, que son quienes reciben un beneficio monetario por cada cliente que tiene la trabajadora sexual. En segundo, los protectores, que reciben un beneficio monetario o bienes materiales, a cambio de brindar protección y que generalmente mantienen una relación sentimental con la persona explotada. En tercer lugar están los reclutadores, quienes reciben un beneficio monetario por insertar a la persona en el circuito de sexo comercial. Y last but not least, se encuentran los padres o apoderados legales, que también reciben beneficios económicos con o sin conocimiento de la actividad que haga la persona explotada (en efecto, en este caso, cuando se trata de explotación sexual de niños y adolescentes).