Por Mabel Lozano
La decisión del Ayuntamiento de Madrid de renunciar a aprobar su Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que, entre otras medidas, preveía multas de hasta 750 euros para los clientes de prostitutas, es una mala noticia.
Como realizadora llevo una decena de años trabajando intensamente contra la trata. Mi último proyecto, Chicas Nuevas 24 Horas, contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, se estrena la próxima semana en el festival de Málaga.
Este proyecto es uno de los muchos esfuerzos por visibilizar la gravísima situación que atraviesan un número escandaloso de mujeres y niñas que son víctimas de la violación de sus derechos, de la violación de su dignidad y de su libertad.
No estoy hablando de una realidad que ocurre en países lejanos, me refiero a situaciones que se encuentran en nuestro entorno, que vemos a diario y que incentivamos con nuestra conducta. Las incentivamos porque demandamos servicios sexuales, pero también somos cómplices de la trata porque normalizamos y justificamos estas situaciones, porque nos beneficiamos económicamente y porque no tomamos medidas frente ellas.
La prostitución no son situaciones ajenas a la trata de mujeres y niñas, porque su destino, el de las mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual, es la prostitución. Las víctimas de la trata están en las calles, pisos y establecimientos de nuestro alrededor.
Por eso, consideraba un paso adelante el anuncio realizado hace algún tiempo por el Ayuntamiento de Madrid de sancionar a los clientes de la prostitución como una medida para luchar contra el proxenetismo y las redes de explotación. Esta semana se ha desvanecido toda posibilidad de disminuir el foco que alienta esa trata, ya que el Consistorio no llevará a cabo esta medida.
Además, ahora nos desayunamos con la noticia de que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, indica que su partido incluirá la legalización de la prostitución en su programa para las próximas elecciones generales. Eso sí, propone la lucha implacable contra la trata, obviando que las víctimas de trata son precisamente las mujeres y niñas que ejercen la prostitución.
Parece que el argumento para dar ese paso es la mejora de los derechos sociales del colectivo, es decir, se parte de la voluntariedad o consentimiento en el ejercicio de la prostitución. Siempre que no haya una clara violencia física y fuertes amenazas, parece que se considera la prostitución como cualquier otra profesión. Un grave error.
Todo esto se une a noticias muy desalentadoras, como los intentos de regularización administrativa de la prostitución a través de procesos en el ámbito local, autonómico o judicial donde se intenta asimilar ésta a un trabajo, o lo que es peor, el reconocimiento por parte de la Unión Europea de estas actividades como parte de su Producto Interior Bruto, parte de la «actividad económica», una «fuerza productiva» de nuestro país.
Yo entonces, hago las siguientes reflexiones: ¿Eligen estas mujeres y niñas prostituirse o eligen subsistir? ¿Quién compra sus cuerpos? ¿Y quién los vende? ¿Quién tiene el poder? ¿Y quién se encuentra en situación de vulnerabilidad? ¿No supondría apoyar la regularización de la prostitución ser cómplice de la esclavitud? ¿Y qué nos diferenciaría entonces de la industria del sexo y del proxenetismo? ¿Cuándo hablamos de derechos humanos? ¿Dónde está la frontera?
Resulta muy complicado defender los derechos de las víctimas y su recuperación, pero sobre todo resulta imposible erradicar la trata si no evitamos la captación de mujeres y niñas y miramos hacia otro lado ante las situaciones de prostitución.
Defender la legalización no es ser progresista y abierto de mente, es perpetuar la esclavitud.
Fuente: El Mundo