Por Mabel Lozano
La semana pasada se multaba con 600 euros a las mujeres que estaban ejerciendo la prostitución en la conocida Colonia Marconi de Madrid. Una multa de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza”, en su artículo 37, apartado 5, que dice así: “La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya delito”.
Las trabajadoras sociales de la Asociación APRAMP veían estupefactas como eran multadas las mujeres que ejercen la prostitución en un espacio abierto como es este conocido polígono madrileño.
Detrás de la prostitución –no es que se sospeche, sino que está comprobado– en muchas ocasiones está la trata, la explotación sexual, el abuso y la violencia. Y, desde luego, es una actividad que ampara gravísimas violaciones de derechos humanos y perpetúa la esclavitud de muchas mujeres y niñas.
El ejercicio de la prostitución de forma consentida no implica «voluntariedad», teniendo en cuenta que puede existir un sometimiento «voluntario» a un abuso debido a su situación de vulnerabilidad económica o social. Por tanto, la Ley Mordaza está vulnerando más aún los derechos de las potenciales víctimas de trata.
Si se multa a estas mujeres y niñas lo que se va a conseguir es que sus “amos”, los chulos y proxenetas que se lucran de ellas, las van a trasladar a lugares más escondidos, a pisos más difíciles de localizar por la policía, por las asociaciones especializadas, lo que las hará mucho más vulnerables y las expondrá a todo tipo de violencia.
Esta multa hace también que la deuda contraída por las mujeres en sus países de origen, cuando son engañadas con el falso “sueño migratorio”, aumente: lógicamente estos 600 euros, como todo el resto del dinero, saldrán del cuerpo de la mujer.
Como dice mi querida amiga Flor de Torres, fiscal de Violencia de Género de Andalucía, cuando hablamos de trata hablamos de mujeres “desnudas de derechos”. Y quien las debería vestir, por el contrario, las despoja e, incluso más, las condena a una mayor exclusión social.
Porque con esta medida es verdad que se las llevarán de los polígonos, limpiarán nuestras calles y plazas donde estas mujeres están a la vista de todos –algo por otra parte que las protege–, pero desde luego los proxenetas no van a renunciar a tan buen negocio. Un negocio en el que todo son ganancias, pues el cuerpo de una mujer, si es joven y se cuida, puede llegar a venderse en múltiples ocasiones durante el mismo día, incluso contra su voluntad.